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A Melo le ha llegado una factura del hospital por haber atendido a su hijo mayor. Y al pequeño no le permiten federarse para poder jugar al fútbol. Su padre, de origen dominicano, consiguió la nacionalidad española, pero sus hijos están enfangados en un limbo burocrático, pendientes de una cita que les deje radicar legalmente en nuestro país. Y darle patadas a un balón. Y que te curen sin que te cobren.
“Me da más brea tramitarles la documentación que haberlos traído a España”, se protesta este cocinero de cuarenta y cinco años, residente en un pueblo del norte de la capital de España. “En noviembre expira el visado de los pequeños y, si no consigo antes los papeles, el inconveniente se va a hacer más grande”.
Los hijos de Melo, de trece y 15 años, llegaron en el primer mes del verano con visados de vivienda para reagrupación familiar en régimen comunitario. Su progenitor preparó toda la documentación para solicitar en una Oficina de Extranjería la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE, un paso anterior para tramitar en comisaría la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
“No pude dar ni el paso inicial, pues no logré que me diesen cita. Entonces, me quedé sin trabajo y no podía solicitarla, puesto que tener un contrato laboral era uno de los requisitos de la solicitud. Y, desde el instante en que volví a emplearme hace dos meses, he vuelto a la carga, mas tampoco ha habido manera”, se queja Melo. “En resumen: en este tiempo no logré que me atendiesen. Soy de España y mis hijos se han quedado sin papeles”.
“No logramos que la Oficina de Extranjería los convocasen el mismo día para que pudiesen asistir los dos pequeños. Hasta que se le acabó el contrato laboral y no tuvo la ocasión de continuar intentándolo. Un galimatías administrativo que hace padecer a la gente solo para que le den una cita, porque luego empieza el período de tramitación”, demanda su letrada, Wendy Garrido, miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid (APAEM).
Afortunadamente, Melo ya tiene otro trabajo, aunque durante un tiempo sus hijos atravesaron una situación kafkiana, que podría agravarse a finales de año. abogados para inmigrantes “Pasó tanto tiempo buscando una cita que se quedó en paro, algo que no le sucedería si la Administración fuera más diligente. De lo contrario, los niños ya tendrían hoy los papeles”, protesta Garrido, persuadida de que el sistema de obtención de citas está perjudicando a muchos extranjeros y nacionalizados, como le sucede a su cliente del servicio.
¿Qué ocurre si los críos no obtienen los papeles a tiempo? “Pasarían a estar en una situación irregular. Por poner un ejemplo, no podrían abrir una cuenta bancaria, ni federarse a un club deportivo, como le ha ocurrido al pequeño, pues le demandan la Tarjeta de Identidad de Extranjero”, agrega la abogada. “Si el padre volviese a quedarse sin trabajo, no perdería sus derechos como ciudadano español, mas los pequeños no podrían conseguir la tarjeta de residencia, porque el progenitor debe justificar que cobra un salario y puede afrontar su manutención”.
Concentración ante las dependencias del Área de Trabajo y también Inmigración bajo el leimotiv 'Sin citas no hay derechos'.
Silvia Díez Jordão, letrada especializada en extranjería y miembro de APAEM, asimismo critica el proceso. Explica que los trámites más fáciles pueden efectuarse a través de internet o de la ventanilla única, mas tratándose de vivir o trabajar en el país, las gestiones son cuesta arriba. “Cuando son presenciales y se carece de cita, no hay manera humana de avanzar, lo que impide el acceso de los ciudadanos al ejercicio de sus derechos”, critica.
La letrada recuerda que se he ha encontrado con denegaciones de la petición de la tarjeta de vivienda de familiar de ciudadano de la UE por el hecho de que la persona que pretendía vivir con los suyos legalmente tenía un contrato temporal. “No vale cualquiera. Si bien, con la precariedad laboral, los trabajos no solo son ocasionales sino asimismo precarios y con bajos salarios, lo que mengua las concesiones”, agrega Díez Jordão. “Por no charlar de los largos plazos de tramitación, que en algunos casos se extienden hasta los 5 meses”.
“¿Hay alguna razón oculta por la que la Administración no concedan algunas citas? ¿Es solo una cuestión de demanda? ¿Quizá de falta de personal?”, se pregunta la letrada de Melo, quien reconoce que llegó a abonar una considerable suma de dinero a un locutorio a fin de que le facilitase llegar hasta la ventana. “Lo hice porque no había forma de fijarla y estaba agobiado, mas al final no me sirvió de nada: el trámite que efectuaron fue equivocado y luego no me devolvieron lo que les había pagado”.
Resultado: sus hijos, fruto de una relación precedente, corren el peligro de quedarse desprotegidos si no consiguen la cita, el primer paso para regularizar su situación en España. “La Administración no es consciente de que, mientras tanto, la vida normal de las personas continúa. De modo que, como le sucedió al propio Melo, pueden perder el uso y quedarse sin la posibilidad de realizar la solicitud”, explica Silvia Díaz.
“Es como correr con los pies atados”. La metáfora podría apropiársela el hijo menor, quien debe aportar abundante documentación para jugar al fútbol en un club federado, desde el permiso de residencia de sus progenitor hasta su contrato de trabajo. Algo que no podría haber hecho a lo largo del tiempo que su padre estuvo parado.
El crío necesita la Tarjeta de Identidad de Extranjero, mas para acceder a ella precisa superar varios trámites. “En cambio, si asistes a la sede electrónica, vas a ver que no hay citas libres. Es el mantra de cada día”, se protesta la abogada, quien ironiza sobre la agilidad de las diferentes administraciones. “Sin embargo, si debes presentarte en Hacienda, sí que te convocan con celeridad…”.
“Los curritos de la Administración que se dedican a percibir y gestionar los trámites de Arraigo (regularizaciones) y de Régimen Comunitario en la capital española es de hastío”, explica un miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de la capital de España (). “Están hasta los mismísimos de la carga de trabajo. No hay gente suficiente, por el hecho de que no se vienen cubriendo las bajas, ni las jubilaciones, desde la temporada de los recortes por la crisis”.
El miembro de APAEM, habituado a lidiar con las barreras a las que se enfrentan los solicitantes, asegura que “en la práctica hay entre 4 y 5 personas por Oficina de Extranjería atendiendo al público”, lo que les reporta un “complemento concreto de atención al público” de unos ocho mil euros por año. Se refiere a los auxiliares administrativos, pues los administrativos, según él, reciben “a partir de doce euros al año, cuando sólo hacen trabajos de control y estadístico”.
Sin embargo, critica el abogado de APAEM, “todos los empleados reciben ese complemento, aunque no atiendan al público, incluyendo los cargos responsables”. Por este motivo, la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid se pregunta “qué sentido tiene destinar ese dinero inútilmente a esas personas, en vez de utilizarlo para solventar esta situación que arrastramos desde hace 2 años”.
Cartel en una Oficina de Extranjería que, paradójicamente, apunta las personas que no se han presentado a una cita.
También menciona con sorna a un cartel presente en las oficinas de Extranjería que cifra las personas que no se han presentado a una cita, por lo que aconseja anularla en caso de que no puedan presentarse a ella. “Así, otra persona podrá asistir en su lugar”, sugiere el aviso.
“Le pasan la responsabilidad al demandante extranjero”, queja el miembro de APAEM. “Además de no contestar a la realidad, dado que computan todas las citas dadas para la provincia, en lugar de separarla por oficina y por trámite”.
Melo cruza los dedos para poder arreglar la situación de sus antes de que les caduque el visado, lo que permitiría, según él, eludir el pago al centro de salud que atendió al mayor. “En el Infanta Sofía me han dicho que no tendré que abonar la factura que me mandaron si regularizo a los niños”, añade el chef, quien insiste en que el pequeño se ha visto obligado a colgar las botas en los partidos oficiales. “Y si quieren hacer un viaje de estudios fuera de España, por poner un ejemplo, tampoco podrán”, le secunda su abogada.
Wendy Garrido narra otros casos que llegan a su despacho. Parejas de españoles o bien españolas que no pueden trabajar pues no obtienen una cita para conseguir la tarjeta de vivienda de familiar de ciudadano de la UE. “En la Seguridad Social no les dan el alta, si bien tengan la resolución aprobada, si no tienen la tarjeta en la mano. Y, de esta forma, corren el peligro de perder su permiso de trabajo”, lamenta la letrada. “Ni pueden abrir una cuenta en el banco, ni tan siquiera ser persona. Y si los trámites se eternizan y expiran los papeles, les bloquean sus cuentas hasta que consiguen la tarjeta de residencia”.
“Hay bastante gente que me dice: Yo necesito trabajar ya mismo, no puedo esperar siete meses. El inconveniente es que se desesperen y dejen de luchar por la documentación o bien, de forma directa, se vayan del país”, agrega Garrido, quien advierte de que los atajos para lograr una cita pueden suponer otro perjuicio para los solicitantes. “Porque hay gente que paga el dinero y luego se percata de que no le han concedido la que le correspondía, como le sucedió a Melo”.
El bloqueo burocrático ha llevado a la Asociación Apoyo y a la Coordinadora de Barrios a convocar este viernes una concentración ante las dependencias del Área de Trabajo y también Inmigración de la calle Silva, diecinueve, cuyo edificio alberga asimismo la sede central de la Oficina de Extranjería. Bajo el lema Sin citas no hay derechos, los perjudicados denunciarán “el de la falta de citas”, según reza el comunicado, que critica el obstáculo para efectuar los trámites de regularización administrativa reconocidos en la .
“Es ya frecuente tardar más de cinco meses en lograr una cita para pedir la autorización de residencia temporal por arraigo social, o la regularización de menores nacidos en España, o la reagrupación familiar… Y, sin esos documentos, las personas extranjeras no tienen los mismos derechos que las españolas. La falta persistente de citas en la Oficina de Extranjería de la villa de Madrid genera una violación sigilosa de derechos humanos”, añade la nota.
Los convocantes esgrimen casos de que perdieron la ocasión de regular su situación tras una una espera que se dilató demasiado tiempo, lo que provocó que expirase su documentación o bien que sus potenciales empleadores dejaran de demandar sus servicios. “Dificultar el acceso”, agrega el comunicado”, “es levantar una nueva frontera invisible para estas vecinas y vecinos de nuestros barrios”.
Melo sigue aguardando, mientras que su paciencia se va consumiendo día a día. “Cuesta tan tanto fijar una cita que me da la sensación de que la Administración nos pone trabas a propósito”, se lamenta, entre la esperanza y la resignación. “Seguiré insistiendo, mas ahora resulta imposible”